Como una señal contradictoria del Ejecutivo con respecto a su interés por promover la competitividad y las exportaciones, calificó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Ricardo Alvarez Elías, la presentación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), nuevo gravamen que entrará en vigencia el 01 de enero del 2004 y se aplicará a partir del 01 de febrero, con una tasa de 0.15%. Al mismo tiempo demandó su derogatoria y le recomendó orientar sus esfuerzos en llevar adelante la Reforma Tributaria y del Estado.

Alvarez señaló que la necesidad urgente del Estado de disponer de mayores recursos, y obtener información adicional para reducir la evasión tributaria ha llevado al Gobierno a lanzar, pese a las oposiciones, un impuesto que será a todas luces perjudicial para el empresariado y la economía nacional.

El ITF, impuesto que se aplicará a las operaciones financieras cualquiera sea su monto y que grava tanto débitos como créditos, producirá distorsiones en la actividad productiva, reducirá la intermediación financiera, propiciará el incremento de la informalidad e incrementará los costos del comercio internacional, afirmó.

Alvarez enfatizó que el Gobierno en su afán de recaudar no analiza las consecuencias para la competitividad del país. Mientras que por un lado busca el fortalecimiento del proceso de industrialización y el desarrollo del comercio exterior para lograr que las exportaciones obtengan tasas de crecimiento sostenido, por el otro crea el ITF.

Además aunque se señala que es temporal, hasta diciembre del 2006, no hay la seguridad que así sea tal como lo demuestra la mala experiencia con el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), añadió.

Por el bienestar económico del país es imprescindible que el ITF sea derogado, recalcó.

Una auténtica reforma tributaria y del Estado es el único camino viable para mejorar la recaudación fiscal. Medidas facilistas como el ITF sólo nos conducirán a una pérdida de competitividad tanto interna como externa.

Agradecemos su difusión.

Piura, 23 de diciembre de 2003.

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