De inconcebible, irresponsable y falto de todo sentido común, calificó el gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Carlos Sánchez Delgado, el accionar de la Municipalidad de Piura al dar luz verde a la licitación de vehículos no aptos para garantizar
la seguridad ciudadana de la comunidad piurana, demostrando una vez más que esta gestión carece de habilidades para invertir unos recursos que son escasos y que lamentablemente, difícilmente podrá arremeter contra la delincuencia con la firmeza que esta amerita.
Sánchez, lamentó que pese a los ofrecimientos de las autoridades ediles y al haber obtenido una donación de cuatro millones de soles por parte del MININTER para garantizar la seguridad ciudadana de la comunidad piurana, la Municipalidad de Piura no pueda actuar a la altura
de las circunstancias y por el contrario, se apreste a dilapidar el dinero en malas adquisiciones.
Cuestionó que la alcaldesa de Piura haya obviado las recomendaciones de la Oficina de Serenazgo respecto a la necesidad de adquirir vehículos todo terreno y, peor aún, que no se haya asesorado adecuadamente –por la policía que es el ente interesado- antes de aprobar la mencionada licitación.
Además, le solicitó haga público el informe y estadísticas sobre el accionar de la delincuencia en Piura que justifique la irresponsable compra de camionetas no aptas para terrenos agrestes, con lo que se pondría en riesgo no sólo la seguridad de la población de zonas rurales y asentamientos
humanos sino también la de los propios serenos y por ende, de toda la comunidad, ya que los delincuentes sabrán dónde ocultarse.
Asimismo, solicitó se proporcione mayor información acerca de la capacidad y experiencia comprobada, en materia de licitaciones, de los miembros que integran el Comité Especial que evaluará la adquisición de los vehículos, tal el caso de los señores Ledesma y Larroca quienes, de acuerdo a la
versiones periodísticas, evaluaron la también cuestionada compra de motos lineales.
Expresó, asimismo, su indignación y sorpresa por las declaraciones vertidas por la gerente municipal, por reducir la seguridad ciudadana a un tema de impuestos y pretender vulnerar el ejercicio del derecho de la seguridad ciudadana de ciertos sectores de la población.
Sería conveniente, dijo, que Ana Reátegui, aclare esa desaforada afirmación y ofrezca una disculpa pública a la comunidad a quien la Municipalidad debe su razón de ser.
