El gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Carlos Sánchez Delgado, hizo una invocación a las autoridades regionales, locales y a las fuerzas vivas de la localidad a exigir se lleve a cabo, sin más postergaciones, la licitación del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Piura y Castilla – PAS, con las debidas correcciones, ya que el problema del agua potable ha sido y es hasta el momento, uno de los factores críticos que han condicionado y limitado el desarrollo urbano e industrial de Piura y la calidad de vida de sus habitantes.

Sánchez, demandó la presencia del Ministro de Vivienda, para que explique las razones que justifican la postergación de la licitación de este vital proyecto, a cuya ejecución está condicionada la concesión de la EPS Grau.

Fue enfático al señalar que corresponde a los piuranos la defensa de sus derechos y que no debemos esperar que foráneos reclamen por nosotros.

Sánchez recalcó que uno de los aspectos que reviste gran importancia es el vinculado a la expansión urbana del departamento de Piura, el que de acuerdo a las estadísticas poblacionales de los últimos años, se ha constituido en el segundo más poblado del Perú, después de Lima. Variable que se torna relevante en la búsqueda de una solución inmediata al problema del agua y en la planificación de las inversiones.

Informó, asimismo que la Cámara de Comercio ha planteado a la SUNASS, una serie de inquietudes relacionadas con la Participación Privada en los Servicios de Saneamiento, al ser éste un servicio público que representa una fuente de energía productiva directamente vinculado con la producción material, el comercio y el desarrollo humano, elementos indispensables en el desarrollo regional.

La Cámara, dijo, ha formulado algunos cuestionamientos técnicos sobre los alcances de este proceso. Relacionados, sobre todo, con el contrato y las condiciones para otorgar la concesión, los compromisos de inversión, el sistema de calificación y factor competencia, la forma en que se calificará la adjudicación de la buena pro y sus consecuencias en la tarifa y eficiencia del operador.

Mencionó que se ha consultado a SUNASS acerca de si se ha efectuado un cálculo de población proyectada tomando en cuenta la demanda necesaria de un desarrollo industrial y una expansión urbana y crecimiento poblacional acorde con el plan de desarrollo regional. Asimismo, si las bases o el contrato de concesión abordan estos temas con claridad, ya que de no preverse adecuadamente la demanda, habrá presión social contra el operador.

Además se ha consultado si existen metas de inversión claras, programas de reducción del déficit de cobertura y ampliación de redes que sean claros y objetivos en términos contractuales.

La Cámara ha mostrado su preocupación y la de técnicos calificados sobre la decisión del Gobierno central para disminuir el diámetro de tubo que transportará el agua de 40” a 30” reduciendo su caudal de aproximadamente 800 lts x seg. a 600 lts. X seg., lo que equivale reducir el caudal de oferta de agua en 6 307 200 M3 al año.

Al respecto informó que el caudal original estaba diseñado para 25’228,800 M3 anuales y que el caudal que aforará el tubo de captación y transporte desde el reservorio con entrega a la altura del Colegio de Ingenieros es de 600 lts. x seg. que equivale a una producción anual de 18 921 600 M3.

Sánchez explicó que el consumo de agua per cápita para una población estimada de 450,000 habitantes servidos ha sido estimado en 120 lts. por día, lo que significa una demanda anual de 19 710 000 M3.

Como puede apreciarse la actual oferta bruta del caudal del tubo que transportara el agua con la reducción de su diámetro (sin considerar pérdidas de masa) es ya inferior a la demanda estimada, indicó.

En este sentido aclaró, hemos solicitado estimaciones acerca de cuánto se encarecerá el proyecto y por lo tanto el costo del agua cuando se tenga que construir otro tubo para incrementar el volumen transportado para satisfacer la mayor demanda.

Agradecemos su difusión.

Piura, 30 de mayo de 2005.

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