La crítica situación del agro nacional no justifica la adopción de medidas radicales que atenten contra los derechos ciudadanos y el normal desenvolvimiento de la actividad económica, señaló enfático Ricardo Alvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura al efectuar un balance del paro promovido por productores agrarios.

Alvarez señaló que la problemática que afronta el agro peruano y la situación de pobreza en que viven la mayor parte de campesinos y pequeños productores agrarios, es una realidad incuestionable; sin embargo, en modo alguno esta lamentable circunstancia justifica que se realicen acciones violentas que además de vulnerar los derechos de los ciudadanos que no participan en las jornadas de protesta perjudican gravemente la economía de la región y los bolsillos de las familias piuranas, sobre todo, de las más humildes.

Agregó que el sector empresarial censura la actitud adoptada por los agricultores por frenar el normal desenvolvimiento de su actividad y generarle pérdidas.

La situación del agro no se solucionará con violencia, sino con una urgente reforma de la política agraria que contribuya efectivamente a propiciar un sector agrario próspero, rentable y sostenible; y a través de un diálogo claro, serio y transparente, afirmó.

Asimismo, no pudo dejar de cuestionar el rol cumplido por las autoridades competentes.

Es inaudito que las autoridades no puedan prever el surgimiento de un conflicto y evitarlo, además de resultar angustiante la tranquilidad pasmosa con la que reaccionan, indicó.

Hasta cuándo tendremos que esperar el surgimiento de la violencia para atender demandas insatisfechas y negociar bajo presión, se preguntó.

Sin duda, la argumentación de las autoridades, sustentada en una cierta falta de credibilidad, resulta insuficiente para contener una conflictividad que se extiende entre los diferentes sectores de la economía, señaló.

Tenemos que sentar las bases de un auténtico estado de derecho, remarcó

El derecho a la huelga y reclamo es un derecho reconocido, pero lo que no se tiene que permitir es que bajo este concepto se proceda al abuso. Traspasar los límites de la legalidad, bloquear caminos, impedir la libre circulación de personas o llegar a poner en riesgo la vida humana es un abuso que debe ser duramente sancionado.

Agradecemos su difusión.

Piura, 25 de mayo de 2005.

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